Bancos obligados a pagar por estafas: El giro legal que amenaza con disparar las tasas de interés en Costa Rica
La aprobación del expediente 23.908 obliga a los bancos a asumir las pérdidas por estafas electrónicas y modifica la carga de la prueba, pero los expertos advierten un inminente «efecto rebote» en las tasas de interés.
Si hacemos un repaso por la historia de la banca y el derecho financiero, el concepto de «seguridad» ha mutado drásticamente. Hace un siglo, proteger el dinero de los clientes implicaba construir bóvedas de acero impenetrables y contratar guardias armados. Si un ladrón robaba el banco, la institución asumía la pérdida. Sin embargo, con la llegada de la era digital, los asaltos dejaron de ser físicos para convertirse en ingeniería social y hackeos. En este nuevo escenario virtual, la legislación histórica solía proteger a la entidad: si el cliente entregaba su contraseña mediante un engaño telefónico, la pérdida recaía sobre el usuario.
Hoy, Costa Rica está a punto de experimentar un giro de 180 grados en su jurisprudencia financiera. La reciente aprobación en segundo debate del proyecto de ley (expediente 23.908) establece que los bancos deberán responder por el dinero sustraído mediante fraudes electrónicos, incluso cuando el delito haya sido cometido por terceros.
Aunque la medida ha sido celebrada como una victoria histórica para la protección del consumidor frente a la ola de ciberdelincuencia, los economistas encienden las alarmas: en el sistema financiero, toda nueva responsabilidad legal viene con una factura adjunta.
Los bancos como «aseguradoras» digitales
La nueva legislación introduce un cambio jurídico fundamental: invierte la carga de la prueba. A partir de ahora, cuando un ciudadano denuncie una estafa, será el banco (y no el cliente) quien deba demostrar de forma fehaciente que sus protocolos actuaron correctamente.
Malberth Cerdas Herrera, docente de Administración de Negocios y Economía de la Universidad Fidélitas, advierte que esto obliga a las entidades a asumir un nivel de riesgo operativo sin precedentes.
“Si los bancos pasan a asumir la responsabilidad por pérdidas ocasionadas por hackers, suplantaciones de identidad o engaños tecnológicos, en cierta forma empiezan a parecerse más a aseguradoras de fraude digital que a simples intermediarios financieros”, señaló el académico.
El efecto dominó en su billetera
¿Quién paga realmente por los millones de colones que los bancos tendrán que reembolsar a las víctimas de estafas? En economía, los costos operativos rara vez son absorbidos por la empresa; casi siempre se trasladan al mercado.
Para enfrentar este nuevo nivel de riesgo legal, las entidades tendrán que invertir masivamente en ciberseguridad y crear gigantescas reservas de capital para eventuales reclamos.
| Efecto Regulatorio | Impacto Directo en el Consumidor |
| Aumento del riesgo legal | Encarecimiento de las tasas de interés en préstamos personales, hipotecas y tarjetas. |
| Mayores costos operativos | Creación o aumento de comisiones bancarias por transferencias y mantenimiento de cuentas. |
| Incertidumbre jurídica | Restricción del crédito, endureciendo los requisitos para otorgar préstamos a sectores vulnerables. |
Alternativas más allá de la ley
Cerdas subraya que, aunque la protección al cliente es imperativa, el enfoque regulatorio actual podría asfixiar el crédito. Como alternativas para distribuir el riesgo, el economista propone la creación de un fondo nacional de compensación contra fraudes (financiado por todo el sistema financiero para no golpear a una sola entidad) y un protocolo ágil de congelamiento inmediato de fondos entre bancos.
Hoy, la gran mayoría de los fraudes no ocurren por fallas en las aplicaciones bancarias, sino por manipulación psicológica (ingeniería social) hacia el usuario. Ninguna ley será suficiente si no va acompañada de una agresiva y constante educación digital ciudadana.
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