En Costa Rica, la Dirección General de Tributación ha extendido el plazo para la presentación de la Declaración del Registro de Accionistas hasta el 31 de julio.
Esta medida busca identificar a contribuyentes ocultos y garantizar el cumplimiento tributario. La obligación aplica a sociedades anónimas, personas jurídicas, organizaciones sin fines de lucro y fideicomisos privados, quienes deben detallar la composición de sus accionistas y beneficiarios finales.
«El registro de accionistas proporciona información crucial para Tributación al identificar la estructura empresarial del país. Facilita la fiscalización y la detección de posibles sujetos fiscales», explicó Vanessa Vega de Grupo Camacho Internacional.
Esta obligación, vigente desde septiembre de 2019 según la Ley contra el Fraude Fiscal, es vital para asegurar la transparencia y el cumplimiento fiscal, apoyando la recolección de impuestos sobre utilidades y bienes.
El incumplimiento de esta declaración acarrea multas significativas, que pueden ascender hasta los 45 millones de colones, reflejando la seriedad con la que se toma la transparencia fiscal en el país.
Para evitar sanciones, las entidades deben presentar la información requerida a través de la plataforma virtual del Banco Central antes del 31 de julio. Este proceso no solo cumple con regulaciones legales, sino que fortalece la integridad del sistema fiscal costarricense.
